Un lamentable suceso ocurrió en Rionegro, Antioquia, Colombia. Las autoridades de Rionegro, continúan recaudando información para esclarecer la masacre número 36 reportada este año en Colombia.
El caso se registró la tarde-noche del pasado martes en una finca en la vereda El Hoyito, del referido municipio, en donde siete personas fueron asesinadas por un grupo de personas que llegaron al predio con armas largas.
Para dar con el paradero de los responsables del asesinato, las autoridades elevaron la recompensa a 100 millones de pesos.
Según el coronel Carlos Martínez, comandante Departamento de Policía Antioquia, fueron 10 hombres los que llegaron y agredieron con armas de fuego a los residentes.
Los asesinos llegaron en dos vehículos y dos motocicletas y habrían huido hacia la vereda el Capiro, perteneciente al municipio de El Carmen de Viboral.
Fuentes judiciales indicaron a EL TIEMPO que hasta el momento lograron determinar que las víctimas son oriundas de la Costa Atlántica de Colombia, específicamente de Atlántico, La Guajira y Cartagena.
En Medicina Legal, los forense identificaron a las víctimas, tres de ellas de La Guajira: Yeisin Fontalvo Vuelvas, Luis Epinayu, Jesús Gabriel García Sarmiento.
Mentiras del municipio de Campo de la Cruz, Atlántico son: Luis Guillermo Canoles Menco, Marlon José Pérez y Jesús Garcia. Faltaría identificar a una de las víctimas que sería de Cartagena.
“Son personas que se dedicaban a trabajar la construcción”, dijo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien estuvo con el alcalde de Rionegro Jorge Rivas y altos mandos de la Policía y el Ejército en un consejo extraordinario de seguridad en la mañana de este miércoles.
Sobre las hipótesis que ronda la masacre, se sabe que las autoridades indagan si una o varias de las víctimas tenía algún tipo de antecedente que hubiese desencadenado el crimen.
Y otra de las pistas que tratan de establecer es si se debe a una disputa con el control del microtráfico en la zona.
Sin embargo, varios de los familiares de las víctimas insisten en que la masacre no está relacionada con un ajuste de cuentas, y exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva para que este hecho no quede impune.
De acuerdo con Indepaz, la Defensoría del Pueblo emitió la AT 018/20 en el cual señala que en el territorio el escenario de riesgo se configura por la presencia y accionar de actores armados no estatales y grupos armados de delincuencia organizada lo cual evidencia el recrudecimiento del conflicto armado y la violencia directa.
Además, en la zona actúan grupos armados como el ‘clan del Golfo’, ‘La Oficina del Valle de Aburrá’, el ‘clan Isaza’ y estructuras de carácter local como ‘Los Mesa’ y ‘Pamplona’.
